Revelan videos de falsos damnificados del terremoto en el parque Olaya Herrera de Pereira

Diez días después del sismo de 7,4 que golpeó Pereira, la ciudad enfrenta una doble urgencia: atender a miles de afectados y ordenar la entrega de ayudas en medio de denuncias por presunto acaparamiento y alertas sobre posibles falsos damnificados, mientras las autoridades todavía no logran consolidar un censo oficial.

El panorama humano y material sigue siendo crítico.

El balance más reciente reporta 100 fallecidos, más de 157 desaparecidos, 253 heridos, 66 inmuebles destruidos por completo, daños en más de 100 instituciones educativas y la proyección de demoler más de 200 edificaciones con afectaciones graves.

Según el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, advirtió que la emergencia superó la capacidad de respuesta del municipio y reclamó una presencia más efectiva del Gobierno Nacional.

“Atender a la comunidad en medio de una circunstancia como esta es muy complejo.

Las instituciones, por muy organizadas que estén, difícilmente están preparadas para atender situaciones de esta magnitud” , dijo el funcionario el diario regional El Colombiano.

Reales señaló que, de manera tentativa, la ciudad podría tener casi 40.000 personas o familias afectadas por el terremoto.

Esa estimación parte de los daños concentrados en el centro, la comuna universitaria de la zona occidental y sectores densamente poblados como Providencia y Cuba.

El censo sigue abierto y la verificación se concentra en los albergues La respuesta inmediata de las autoridades se apoya en un registro aún incipiente.

El personero aclaró que Pereira no tiene por ahora una cifra consolidada de damnificados porque la recolección de información apenas comienza.

El proceso se concentra en dos puntos: un centro de censo en el parque El Lago y otro reactivado en el parque Olaya Herrera.

Ese último lugar se convirtió en uno de los principales focos de vigilancia porque allí permanecen unas 1.500 personas afectadas por la tragedia.

La administración municipal, junto con la Procuraduría, la Defensoría y la Personería, coordina la identificación de los damnificados para evitar que personas ajenas al desastre accedan a las ayudas.

El objetivo, según el funcionario, es que el registro de emergencia sea riguroso y que la verificación cuente con el apoyo de líderes comunitarios reconocibles.