Vandalismo rural: qué dice el proyecto de ley que obtuvo dictamen de comisión y por qué lo cuestiona la oposición
Un proyecto de ley sobre vandalismo rural obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados .
La iniciativa propone incorporar nuevos delitos al Código Penal, con penas de hasta ocho años de prisión por daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria, y quedó habilitada para llegar al recinto en busca de media sanción.
El despacho fue firmado el 6 de octubre por esas dos comisiones.
El proyecto fue presentado por el diputado del PRO Martín Ardohaín , acompañado por otras firmas.
Las penas previstas para la intrusión y los daños rurales La propuesta reunió 41 adhesiones tras conseguir el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados.
El texto plantea que el ingreso sin autorización a un campo pase a constituir un delito.
La iniciativa incorpora el artículo 150 bis al Código Penal .
La norma establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo.
Esa voluntad se presume si hay “cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.
El proyecto excluye de esa figura los ingresos que respondan a una necesidad justificada, razones de auxilio o situaciones en las que el límite entre el predio y la vía pública no pueda distinguirse con claridad.
La reforma también crea el artículo 184 bis , con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño.
Alcanzaría a quienes destruyan o dañen bienes vinculados de forma directa con la producción agropecuaria, como cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes, leña y productos durante su transporte.
El artículo contempla daños contra silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas hídricas, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares.
La pena se duplicaría si interviene un funcionario público, si el responsable utiliza conocimientos técnicos específicos o si abusa de una relación laboral o de confianza con la persona damnificada.
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