Corrupción en la Ungrd: empresario y excontratista aceptaron su responsabilidad y lograron preacuerdo clave con la Fiscalía

Édgar Echeverri Toro, exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Sonia Rocío Romero Hernández, excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aceptaron ante la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en las irregularidades investigadas alrededor del contrato destinado a la compra de 40 carrotanques para transportar agua potable a La Guajira.

El negocio, cuyo valor se aproximó a los $83.000 millones, forma parte de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de la Ungrd .

El preacuerdo fue firmado por los dos procesados por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

La aceptación de responsabilidad no implica todavía la aprobación definitiva del acuerdo.

Una jueza especializada de Bogotá deberá revisar las condiciones pactadas entre los procesados y la Fiscalía durante una audiencia programada para el 4 de noviembre, fecha en la que se determinará si el preacuerdo cumple los requisitos legales.

Preacuerdo establece una pena de siete años y cuatro meses Durante la audiencia judicial fueron expuestos los términos del acuerdo alcanzado entre Echeverri y Romero con el ente investigador.

Según lo presentado ante la justicia, ambos reconocieron su participación en seis escenarios relacionados con la estructuración, celebración y ejecución del contrato para los vehículos destinados al suministro de agua.

La investigación comprende hechos relacionados con los procedimientos utilizados para estructurar la contratación, los valores reconocidos y la utilidad que finalmente tuvieron los vehículos adquiridos para atender las necesidades de abastecimiento de agua en diferentes zonas de La Guajira.

El preacuerdo contempla para los dos procesados una pena de siete años y cuatro meses de prisión.

Ambos permanecen privados de la libertad y durante la diligencia manifestaron arrepentimiento por su participación en los hechos investigados .

Sin embargo, el acuerdo fue cuestionado durante la audiencia por el representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El funcionario manifestó reparos frente a los beneficios contemplados, al considerar que no se habría producido el reintegro de la totalidad de los recursos relacionados con las conductas investigadas.

El delegado también se refirió a la posibilidad de que los hechos fueran asociados con un eventual delito de peculado por apropiación.

En ese contexto, calificó como un “ absurdo jurídico ” la referencia a esa conducta frente a los dos procesados .