La justicia salvadoreña admite pruebas para extinción de dominio de bienes del exfiscal Luis Martínez
La justicia de El Salvador admitió pruebas para avanzar en el proceso de extinción de dominio de seis inmuebles y 11 vehículos vinculados con el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, y otras siete personas.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador evaluará esos elementos durante la audiencia de sentencia, en la que resolverá si los bienes pasan a propiedad del Estado.
La decisión comprende dos inmuebles ubicados en La Libertad y un vehículo Chevrolet que figuran a nombre de Martínez, quien encabezó la Fiscalía General de la República (FGR) entre el 4 de diciembre de 2012 y el 3 de diciembre de 2015 .
El tribunal también deberá decidir sobre otros cuatro inmuebles: dos en La Libertad, uno en San Salvador y otro en Sonsonate.
El expediente incluye, además, diez vehículos de distintas marcas y modelos, entre ellos tres BMW y dos Porsche.
Durante la audiencia preparatoria, el juzgado declaró pertinentes y útiles las pruebas presentadas por las partes.
También aceptó que las declaraciones de Martínez y de Mauricio Antonio Yanes Morales, exgerente de la FGR, sean recibidas durante la etapa de sentencia.
De acuerdo con la información divulgada por Centros Judiciales de El Salvador, la Fiscalía sostiene que los activos investigados estarían relacionados con presuntas operaciones de lavado de dinero y activos , enriquecimiento ilícito y mezcla de patrimonio legal con recursos de origen ilegal .
La investigación patrimonial abarca ocho personas.
Uno de los inmuebles está registrado a nombre de Margarita Lisset Aguirre González , hermana del exfiscal.
Otros dos inmuebles y dos vehículos pertenecen, según el proceso, a Yanes Morales.
Tres vehículos están inscritos a nombre de José Dolores Zelaya Mendoza, exdirector de Recursos Humanos de la Fiscalía.
La extinción de dominio es un procedimiento de naturaleza patrimonial mediante el cual el Estado solicita la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes cuyo origen o destino se vincule con actividades ilícitas .
La resolución que admitió las pruebas no determina aún la transferencia de los bienes: esa decisión quedará en manos del juzgado cuando concluya la audiencia de sentencia.
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