¿Hasta dónde puede llegar un influencer? Las sanciones por vulnerar la dignidad de menores en Honduras

El polémico video en el que los creadores de contenido conocidos como “Soy Rosel” y Urías Lobo aparecen ofreciendo $20 dolares ( 500 lempiras) a un menor a cambio de raparle el cabello dejó de ser únicamente una controversia en redes sociales y pasó al terreno judicial.

La Fiscalía Regional de Oriente abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si existe responsabilidad penal.

El Ministerio Público analiza preliminarmente el caso bajo la figura de trato degradante , según confirmó su portavoz Fernando González.

El episodio abre una discusión más amplia en Honduras: ¿qué consecuencias puede enfrentar un influencer cuando una dinámica diseñada para generar contenido involucra la dignidad de un niño? Aunque aparecer en un video o recibir dinero no convierte automáticamente una conducta en delito, l a legislación hondureña contempla protecciones especiales cuando una persona menor de edad es sometida a actos que puedan afectar gravemente su integridad moral.

El trato degradante puede llevar a prisión Uno de los principales elementos que deberá analizar la Fiscalía está contenido en el artículo 214 del Código Penal de Honduras .

La norma establece que comete trato degradante quien, mediante violencia física, psicológica o verbal, somete a otra persona a una conducta que atente gravemente contra su integridad moral.

La pena prevista es de uno a dos años de prisión , además de prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena.

La legislación establece, además, que la sanción debe aumentar en un tercio cuando la víctima sea vulnerable por razones como la edad, enfermedad o discapacidad .

Esto significa que el hecho de que la persona involucrada sea un niño constituye un elemento especialmente relevante para la investigación.

Sin embargo, la existencia de un video polémico no equivale por sí sola a una condena.

Corresponderá al Ministerio Público determinar si la conducta reúne los elementos del tipo penal y, eventualmente, presentar una acusación que deberá ser valorada por un juez.

Uno de los debates que surgió después de la viralización de las imágenes es que el menor habría aceptado participar en la dinámica a cambio del dinero.

Desde el punto de vista jurídico , ese elemento no necesariamente cierra el análisis.

Cuando intervienen menores de edad, la legislación establece una protección reforzada precisamente porque su capacidad para tomar determinadas decisiones no es equivalente a la de un adulto y porque pueden existir factores adicionales, como necesidad económica, vulnerabilidad social o una relación desigual frente a personas mayores .