Pagos en efectivo para comprar apartamentos, carros y lotes tendrían restricción en un proyecto que evalúa el Gobierno De la Espriella: Asobancaria apoya evaluarla

La restricción de pagos en efectivo para comprar apartamentos, vehículos o lotes podría entrar en la agenda legislativa de Colombia, con el fin de que las operaciones de alto valor dejen rastro sobre el origen y destino de los recursos.

La iniciativa forma parte del Estatuto Antiterrorista que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella para ser presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, en el Congreso de la República.

El Ejecutivo estudia una eventual limitación para esas adquisiciones, pero el alcance dependerá del proyecto que se presente a la corporación, de los montos que fije el articulado y de las excepciones que aprueben los legisladores .

Al respecto, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, ya respaldó que el Ejecutivo examine esa posibilidad.

Por medio de la red social X, el dirigente gremial afirmó que “el sector financiero colombiano celebra que el Gobierno nacional estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor como parte del Estatuto Antiterrorista”.

Además, que “la compra de apartamentos, carros y lotes debe contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos.

Seguir la ruta del dinero es fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

Qué cambiaría en las compras de alto valor La propuesta aún no define desde qué valor se aplicaría la restricción ni precisa todas las compraventas que quedarían cubiertas.

Tampoco se conocen las posibles excepciones, por lo que la medida no puede entenderse como una prohibición general del efectivo ni como una regla ya vigente.

La lógica del cambio es que las transacciones canalizadas por el sistema financiero identifican al pagador y al receptor de los recursos.

En la venta de una vivienda, un carro usado o un lote, esos registros podrían contrastarse con los documentos de la operación y con los controles establecidos contra el lavado de activos; sin embargo, una transferencia bancaria no certifica por sí misma que el dinero tenga origen lícito.

La trazabilidad facilita el trabajo de las autoridades cuando surgen alertas, pero la procedencia de los fondos debe someterse a verificaciones adicionales.

Para los compradores, una limitación podría obligar a usar transferencias u otros mecanismos financieros en determinadas adquisiciones.

Los vendedores, a su vez, tendrían que recibir los recursos por canales autorizados y conservar los soportes de cada operación.