Gobierno De la Espriella radicó ley de sometimiento: así busca llevar a los grupos armados ante la justicia

El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó este martes 13 de octubre de 2026 ante el Congreso un proyecto de ley para establecer las condiciones jurídicas bajo las cuales los grupos armados organizados podrán someterse a la justicia.

La iniciativa fue radicada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, y constituye una de las principales apuestas de la administración en materia de seguridad.

La propuesta busca establecer una ruta legal para facilitar el sometimiento de estructuras criminales, con el objetivo de contribuir al restablecimiento del orden público, proteger a la población civil y avanzar en el desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales.

Durante la presentación, Lara explicó que el proyecto pretende ofrecer herramientas jurídicas para que las organizaciones criminales puedan acogerse a la justicia, sin otorgarles reconocimiento político.

“El proyecto de ley de acogimiento, que ha sido presentado por los dos ministerios, busca crear un marco normativo que permita a personas y estructuras el sometimiento a la ley”, afirmó el ministro del Interior.

El funcionario agregó que la iniciativa combina la postura del Gobierno frente al orden público con la posibilidad de establecer mecanismos legales para que los grupos armados respondan ante la justicia.

El proyecto tendrá mensaje de urgencia La iniciativa cuenta con 22 artículos distribuidos en 17 páginas y tendrá mensaje de urgencia, por lo que las Comisiones Primeras de Senado y Cámara deberán estudiarla conjuntamente.

Además, el Gobierno busca que tenga prioridad durante su trámite en las plenarias de ambas corporaciones.

El proyecto contempla prorrogar la Ley 418 de 1997, que sirvió como fundamento jurídico para distintas políticas de paz, incluida la estrategia de paz total del Gobierno de Gustavo Petro, aunque con modificaciones para ajustarla al nuevo enfoque de seguridad.

La propuesta establece una ruta jurídica en la que tendrán responsabilidades el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Entre sus disposiciones contempla la creación de una unidad especializada para investigar y judicializar a los actores armados ilegales que se sometan a la Constitución y la ley.

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