Un tribunal turco condenó a cinco alcaldes del principal partido de la oposición

Un tribunal turco condenó el lunes a cinco alcaldes del Partido Republicano del Pueblo ( CHP ), principal fuerza opositora del país, a penas de prisión de hasta 23 años por corrupción en contratos municipales, en un proceso que sus críticos denuncian como persecución política.

El juicio, celebrado en un tribunal ubicado junto a la prisión de Silivri, al oeste de Estambul, duró siete meses e involucró a unos 200 acusados.

Los medios turcos lo bautizaron como el “caso Aktas” , en referencia al empresario Aziz Ihsan Aktas , a quien la fiscalía acusó de liderar una red que habría obtenido licitaciones municipales mediante soborno, manipulación de concursos y fraude, con una pena solicitada de hasta 280 años de cárcel.

Riza Akpolat , alcalde del distrito de Besiktas en Estambul, recibió la sentencia más severa: 23 años y tres meses por aceptar sobornos, blanqueo de dinero y manipulación de licitaciones.

Zeydan Karalar , alcalde de Adana, fue condenado a seis años y tres meses por soborno.

Kadir Aydar , alcalde del distrito de Ceyhan en la misma provincia, recibió cinco años y diez meses.

Ahmet Ozer , exalcalde de Esenyurt en Estambul, obtuvo una sentencia suspendida de ocho meses y diez días por abuso de poder.

El único absuelto fue Abdurrahman Tutdere , alcalde de Adiyaman.

Los cinco habían sido arrestados entre enero y julio del año pasado, apartados de sus cargos antes de que se dictara sentencia.

Aktas, juzgado en un expediente paralelo, fue condenado a dos años y ocho meses por manipulación de licitaciones, aunque absuelto de los cargos de soborno.

El tribunal también eximió a la totalidad de los acusados de liderar, integrar o colaborar con una organización criminal, al considerar que no se había demostrado la comisión de esos delitos.

Aktas había negado inicialmente los hechos, pero luego declaró contra sus coacusados amparándose en la ley turca de “arrepentimiento efectivo” , alegando haber entregado dinero en efectivo, automóviles y otros beneficios a funcionarios a cambio de contratos.

La mayoría de los imputados negó conocerlo y lo acusó de falso testimonio, argumentando que las licitaciones se adjudicaron mediante procedimientos regulares y que auditorías previas no habían detectado anomalía alguna.

El uso de testigos secretos por parte de la fiscalía también generó cuestionamientos, ya que varios de ellos admitieron en la sala que sus declaraciones se basaban en rumores.