Ministerio de Educación pidió derogar la Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva: Petro arremetió contra la medida y advirtió riesgos

La ministra de Educación Myriam Hoyos Castañeda envió el 21 de septiembre de 2026 un oficio a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en el que pidió adoptar medidas urgentes frente a la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035.

El documento plantea iniciar el procedimiento para derogar la resolución que adoptó esos lineamientos y expedir una directiva presidencial para contener sus efectos durante el trámite.

La solicitud se conoció después de que la exministra Viviane Morales anticipara que se buscarían acciones para revertir la política aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La Resolución Conjunta 1350, expedida el 10 de julio de 2026 por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas, las Artes y los Saberes, establece orientaciones para desarrollar acciones relacionadas con la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos durante la próxima década .

Entre sus disposiciones se contempla la incorporación transversal de estos contenidos en las instituciones educativas, incluidos los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio, las prácticas pedagógicas, la formación docente y los planes territoriales.

La política también incluye objetivos relacionados con la transformación de normas sociales y de género.

Los argumentos del Ministerio de Educación para solicitar la derogatoria La ministra Hoyos argumentó que la resolución requiere una revisión por sus implicaciones jurídicas y por las obligaciones que establece para las entidades y los establecimientos educativos.

“ La Resolución no constituye únicamente un instrumento técnico de coordinación intersectorial .

Su contenido incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, y ordena su incorporación en ámbitos como los proyectos educativos institucionales, planes de estudio, prácticas pedagógicas, formación docente y planes territoriales”, señaló.

La jefa de cartera enumeró varios cuestionamientos relacionados con la suficiencia de las facultades legales para imponer obligaciones curriculares y pedagógicas, la posible afectación de la autonomía escolar y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.

También puso en duda que una resolución administrativa permita establecer obligaciones hasta 2035 con fundamento inmediato en el ciclo de planeación 2022-2026.

Sobre esos reparos, el documento afirma: “ Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional, existen serios cuestionamientos constitucionales y legales que hacen necesaria una revisión inmediata del acto administrativo ”.