La crisis vial suma sentencias que están lejos de generar efectos en las rutas
En los últimos días, varios jueces en el interior se metieron de lleno en la profunda crisis vial que la Argentina engendró en lo que va del siglo.
Contratos rotos, peajes congelados, obras públicas paralizadas ante alguna de las tantas crisis, nido de corrupción reconocido por los propios y, finalmente, tres años de inexistencia absoluta de una política clara para el sector vial desencadenaron el peor momento de las rutas argentinas.
Ahora llegan las sentencias con intimaciones a mantener rutas, pero las resoluciones son mucho más declarativas que efectivas a la hora de poner un metro cúbico de asfalto en uno de los millones de baches.
Uno de los casos ilustra el asunto.
La semana pasada se conoció la sentencia del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa : la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debe reparar de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 a su paso por el departamento General López, en el sur de Santa Fe.
El amparo que dio origen al fallo lo había presentado la senadora provincial Leticia Di Gregorio, de Unidos para Cambiar Santa Fe.
Lo presentó en marzo de 2025.
La sentencia llegó 17 meses después.
Esa distancia entre la fecha de la demanda y la fecha del fallo no es un detalle burocrático .
Es, en buena medida, la respuesta a la pregunta que el fallo invita a hacerse: qué puede hacer efectivamente un juez de provincia cuando le ordena al Estado nacional que arregle una ruta.
El fallo de Venado Tuerto no es un pronunciamiento solitario.
Es el sexto de una serie que en 14 meses se dio en por lo menos cuatro provincias.
En junio de 2025, el juez federal Aldo Alurralde le ordenó a Vialidad reparar más de 110 kilómetros de la ruta 11 entre Santa Fe y San Justo , a partir de un amparo del diputado José Manuel Corral: plan de reparación, señalización de emergencia en tres días, restricción de circulación en zonas críticas y obras mínimas en tres meses.
La Cámara lo confirmó en septiembre.
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