La detención de una funcionaria del Ministerio Público bonaerense tuvo en vilo a la gestión de Kicillof

LA PLATA.- Albertina Mangini es funcionaria del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y cayó presa en el marco de una investigación por el presunto lavado de $27.000 millones.

No depende del Ministerio de Justicia, por lo tanto, no le corresponde al gobernador Axel Kicillof intervenir para impulsar su desvinculación.

Sin embargo, la gestión provincial se vio empujada a aclarar sobre la situación.

Mangini es funcionaria -ahora suspendida preventivamente- del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados.

Podría ser exonerada sin necesidad de un juicio político si se confirma una condena por los cargos que enfrenta.

Sobre la funcionaria pesa un sumario disciplinario en la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento del Ministerio Público, que deberá determinar si corresponde aplicar una sanción administrativa más fuerte que la suspensión.

Pero no hace falta un jury para desvincularla, en caso de ser hallada culpable, dado que no es magistrada.

En paralelo, avanza una causa penal en la UFI Nº 2 de La Plata, donde la Justicia investiga su presunta participación en una estructura que habría captado personas vulnerables para obtener sus datos biométricos , abrir cuentas en billeteras virtuales y utilizarlas para canalizar fondos.

Si finalmente resulta una condena penal firme por hechos incompatibles con su función, podría corresponder su exoneración.

El caso Mangini tuvo en vilo a la administración de Kicillof, que mediante su ministro de Justicia, Martín Mena, salió a desmentir que fuera planta política de esa gestión.

“La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires”, informó Mena.

“Es funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires”, precisó el ministro ligado a la expresidenta Cristina Kirchner.

“No tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo provincial”, destacó el ministro de Justicia.

La investigación administrativa en el Ministerio Público y la investigación penal son, por ahora, dos caminos paralelos.