El control de la actuación de los jueces

Los jueces son designados de por vida, aunque no en su propio beneficio, sino en el de los justiciables; si no fuera así, quedarían sometidos al juicio de magistrados cambiantes, volubles e influenciables.

Pero estas designaciones vitalicias exigen un estricto control sobre la conducta , para garantizar que esa integridad, honestidad, cultura general, sentido común y buen carácter -además de los conocimientos jurídicos que deberían existir al momento de la designación- se mantengan durante toda su carrera judicial .

Lamentablemente, esto no ocurre en la Argentina ni al momento de la designación ni durante el ejercicio de la función.

Respecto de los nombramientos nos hemos referido reiteradamente en este espacio editorial.

Ahora nos ocupamos del control de su actuación.

Un buen sistema puede servir para depurar y separar a quienes no mantienen el altísimo estándar que la República les exige.

La Constitución disponía originalmente que fuera el Congreso Nacional el que juzgara la conducta de los jueces mediante el procedimiento del juicio político.

Pero la reforma de 1994 creó un nuevo cuerpo -el Consejo de la Magistratura- para seleccionar, designar y controlar a los magistrados.

El Congreso solo retiene el control de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia .

El Consejo vigila, supervisa y actúa como acusador ante el Tribunal de Enjuiciamiento .

De las cuatro comisiones, dos se ocupan de este tema: Disciplina y Acusación (aunque en un período funcionaron fusionadas).

Esta división resulta algo arbitraria y, en la práctica, no ha dado los resultados esperados.

En cuanto se formula una denuncia, se resuelve a qué comisión corresponde y uno de los 20 consejeros es designado “instructor”.

La gran mayoría de los expedientes se canaliza hacia la Comisión de Disciplina .