Centros Intégrate advierten riesgo de cierre por falta de presupuesto: miles de migrantes quedarían sin atención desde esta fecha

La continuidad de los Centros Intégrate enfrenta incertidumbre ante la falta de definiciones institucionales y presupuestales para garantizar su operación después del 30 de septiembre de 2026.

De acuerdo con un comunicado de prensa divulgado en agosto, documentos técnicos oficiales advierten que, si no se trasladan oportunamente los recursos y las competencias a una entidad responsable, la estrategia podría suspender sus actividades a nivel nacional, con el cierre de sus sedes, la desvinculación de más de 200 profesionales y la interrupción de los servicios dirigidos a población migrante, colombianos retornados y comunidades de acogida .

La situación ha generado preocupación entre actores territoriales, organizaciones sociales y entidades relacionadas con la implementación de la Política Integral Migratoria, debido al papel que cumplen actualmente los Centros Intégrate en la orientación y articulación del acceso a servicios públicos.

La estrategia cuenta con 20 Centros Intégrate, nueve Tríadas de Atención Integral y una Unidad Móvil, con presencia en 25 municipios de 18 departamentos.

Los centros funcionan en territorios considerados estratégicos para la gestión migratoria, entre ellos Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Riohacha, Santa Marta, Bucaramanga, Valledupar, Arauca, Pasto, Ipiales y Maicao.

Su distribución responde a corredores migratorios y zonas de acogida, donde brindan orientación sobre regularización, acceso a derechos, atención humanitaria y otros servicios .

Más de 200.000 personas atendidas Con corte al 15 de agosto de 2026, los Centros Intégrate habían registrado 559.952 atenciones y habían atendido a más de 200.000 personas, entre migrantes, colombianos retornados y miembros de las comunidades de acogida .

La oferta incluye orientación general, acompañamiento jurídico y psicosocial, regularización migratoria, protección internacional, inclusión productiva mediante empleo y emprendimiento, orientación en salud y gestión de casos.

Estos servicios se prestan mediante equipos interdisciplinarios y mecanismos de atención territorial y móvil.

La estrategia hace parte de la implementación territorial de la Política Integral Migratoria, establecida mediante la Ley 2136 de 2021 y el CONPES 4100 .

En ese contexto, quienes respaldan su continuidad señalan que su funcionamiento no está planteado como una iniciativa asociada exclusivamente a una administración gubernamental, sino como una capacidad institucional desarrollada para atender la realidad migratoria del país.

“Los Centros Intégrate no son una política de gobierno; son una capacidad del Estado.

Durante años Colombia ha construido una red que acerca la oferta institucional a las personas migrantes, retornadas y comunidades de acogida.