A la firma de Newsom: una ley busca atacar el negocio detrás de los centros de detención de inmigrantes en California

California avanzó con un proyecto de ley que busca establecer un nuevo impuesto sobre las empresas privadas que administran centros de detención de migrantes .

La propuesta, identificada como AB 1633 , fue impulsada por el asambleísta Matt Haney junto con otros legisladores, fue votada en la Asamblea y el Senado y ahora espera la decisión final del gobernador Gavin Newsom .

El impuesto del 25% a los centros de detención privados en California La medida se denomina Ley de Impuestos a los Centros de Detención Privados y establece un esquema tributario dirigido a los operadores de estos establecimientos, sin importar si sus contratos corresponden a organismos federales, estatales o gobiernos locales .

La propuesta fija un impuesto anual equivalente al 25% de los ingresos brutos obtenidos por los operadores a partir de sus actividades en California.

El gravamen comenzaría a aplicarse el 1° de julio de 2028 y volvería a imponerse cada 1° de julio.

El proyecto define el año fiscal como el período comprendido entre el 1° de julio y el 30 de junio del año siguiente.

Los pagos deberán realizarse a más tardar el 31 de julio posterior al cierre de cada ejercicio y deberán estar acompañados por una declaración presentada electrónicamente.

La administración del nuevo régimen quedaría en manos del Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California ( Cdtfa , por sus siglas en inglés).

Esta dependencia también tendría facultades para establecer procedimientos relacionados con recaudación, declaraciones, devoluciones, cobros y apelaciones .

AB 1633: a qué se destinaría el dinero recaudado por el nuevo impuesto La AB 1633 contempla la creación del Fondo de Debido Proceso para Todos en el Tesoro estatal, mediante una disposición incorporada al Código de Ingresos e Impuestos .

Allí se depositaría el dinero obtenido mediante el gravamen, una vez descontados los reembolsos y los costos administrativos asociados con la recaudación.

Los recursos no quedarían disponibles automáticamente para cualquier finalidad.

El texto establece que deberán ser asignados por la Legislatura antes de utilizarse y que su destino será el financiamiento de servicios relacionados con la inmigración .

El proyecto también incluye una disposición vinculada con otra iniciativa legislativa, la AB 2465 .