Trinidad y Tobago aprueba Ley de Operaciones Especiales tras concluir estado de emergencia

Puerto España, 19 sep (EFE).- La Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago aprobó este sábado la Ley de Operaciones Especiales de 2026, que establece un marco jurídico para operaciones especiales contra delitos violentos, las bandas criminales, armas ilegales y crimen organizado, después de finalizar el estado de emergencia de seis meses.

El visto bueno a la legislación se produjo después de más de 13 horas de debate, sin embargo, las 26 cláusulas se aprobaron sin enmiendas por mayoría simple, lo que suscitó críticas por parte de la oposición, quienes argumentaron que la nueva ley debería requerir una mayoría de tres quintos debido a su posible impacto en los derechos protegidos por la Constitución.

Por su parte, la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, enfatizó que la ley, que pasará al Senado, establecerá un marco jurídico permanente para respaldar las operaciones de las fuerzas del orden contra las redes criminales.

La ley de Operaciones Especiales divide Trinidad y Tobago en siete distritos policiales y permite a las autoridades designar "zonas cerradas" conocidas como Zonas de Operaciones Especiales (ZOSO, en inglés), durante operaciones especiales.

Según el proyecto de ley, por regla general, las personas no podrán entrar ni salir de una zona acordonada sin un permiso, con excepciones para determinados funcionarios públicos y personal policial y militar en el ejercicio de sus funciones.

El incumplimiento de los requisitos de permiso podría acarrear una multa de hasta 50.000 dólares y un año de prisión.

La legislación también otorga a la Policía facultades para registrar a personas, vehículos y locales sin orden judicial dentro de una zona cerrada, cuando existan sospechas razonables de que se está cometiendo, se ha cometido o se va a cometer un delito.

El sospechoso de cometer un crimen será puesto a disposición de un juez de instrucción, quien podrá autorizar su detención durante un máximo de 48 horas.

Después, un juez del Tribunal Superior podrá ordenar la prórroga de la detención durante un período determinado sin que se hayan formulado cargos penales, si considera que es razonablemente necesario.

En este contexto, la líder de la oposición, Pennelope Beckles-Robinson, hizo hincapié en que la legislación podría afectar al derecho constitucional de los periodistas y la libertad de prensa, tal y como denunció la Asociación de Medios de Comunicación de Trinidad y Tobago (MATT, por sus siglas en inglés).

MATT solicitó que se introdujeran enmiendas para proteger las fuentes confidenciales y el trabajo de los periodistas frente a la incautación policial en las operaciones especiales.