Gobierno de Keiko Fujimori presentó 66 solicitudes de facultades legislativas ante la Cámara de Diputados: ¿en qué consiste?

Luego de varias postergaciones, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó el tan esperado pedido de facultades legislativas que, según la mandataria, son claves para atender los principales problemas del país.

Fue exactamente a las 8:04 p.m. cuando las redes sociales de la PCM anunciaron y compartieron el documento, que contempla 66 solicitudes distribuidas en ocho grandes bloques temáticos.

El proyecto, ingresado ante la Cámara de Diputados , otorgaría al Ejecutivo la potestad de emitir decretos legislativos por un plazo de 120 días calendario , en el marco del artículo 104 de la Constitución Política del Perú .

Las materias abarcan desde seguridad ciudadana y reforma del sistema penitenciario hasta vivienda, saneamiento y modernización del Estado, con medidas que afectarían tanto a ciudadanos como a empresas y servidores públicos.

Seguridad ciudadana y reforma penitenciaria La primera y más extensa materia del pedido apunta a reformar el andamiaje legal en seguridad.

El proyecto propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para endurecer la persecución de delitos vinculados al crimen organizado.

Entre los cambios más relevantes figuran: Nuevas reglas de competencia territorial que permitirían transferir casos entre jurisdicciones cuando estén involucradas bandas criminales.

La creación de un marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas , con un registro oficial para su clasificación.

Un sistema de libertad vigilada postpenitenciaria para condenados por delitos de alta peligrosidad, con seguimiento para prevenir la reincidencia.

El fortalecimiento del rastreo y bloqueo de equipos terminales móviles usados de forma ilícita, incluyendo los dispositivos empleados para coordinar actividades criminales desde el interior de las cárceles.

En el frente penitenciario, el Ejecutivo plantea reformar el sistema nacional penitenciario con el objetivo de reforzar la seguridad interna y los procesos de reinserción social.

Para ello, propone regular la participación temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo operativo a los establecimientos de reclusión, una medida que deberá ajustarse al marco constitucional vigente.

El bloque también contempla ampliar el régimen legal sobre armas de fuego, municiones y explosivos de uso civil, con énfasis en su trazabilidad y fiscalización, y establecer un marco normativo que refuerce el ejercicio del derecho a la legítima defensa .

Según el texto del proyecto, quien ejerza ese derecho gozaría de una presunción de inocencia respecto a la racionalidad de su respuesta ante una agresión, presunción que solo podría destruirse con motivación calificada, bajo sanción de nulidad.