“El juez justificó un delito”: la palabra del empresario de San Pedro tras la absolución a los gremialistas que bloquearon su pyme

Ariel Rey, propietario de Distribuidora Rey en San Pedro, provincia de Buenos Aires, cuestionó la absolución de Maximiliano Cabaleyro y otros seis acusados por el bloqueo de su empresa en 2021, luego de que el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás considerara que la medida respondió a una protesta sindical legítima.

El empresario anticipó que buscarán revertir la sentencia mediante un recurso de casación y afirmó que el fallo “justificó un delito”.

La resolución descartó los cargos de extorsión y turbación de la posesión contra Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros local.

La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período, mientras que los abogados de la familia Rey habían pedido una pena de 15 años.

El juez Alejandro López, único integrante del tribunal, entendió que el dirigente sindical impidió el ingreso a la compañía durante cinco días como parte de un reclamo laboral y no mediante un bloqueo.

La sentencia aún no difundió su texto completo.

Rey sostuvo que esa interpretación deja sin respuesta a los empresarios que denuncian impedimentos para trabajar.

“Acá tenemos el fallo de un juez que justificó el delito y eso hay que decirlo con todas las letras”, expresó en diálogo con Mitre .

El dueño de la pyme planteó que los reclamos laborales y el derecho de huelga están contemplados por normas vigentes, pero diferenció esas herramientas de las conductas que atribuyó a los acusados.

Según su relato, la situación incluyó bloqueos, amenazas y pedidos de dinero para permitir el funcionamiento de la empresa.

“¿Para qué existen las normas? ¿Para qué hay una norma vigente que ampara el derecho a huelga, el derecho a reclamo laboral?”, preguntó.

Luego agregó que un grupo no puede instalarse frente a una compañía, impedir sus tareas y exigir condiciones a sus propietarios.

La investigación judicial se originó por los hechos ocurridos en febrero de 2021 en Distribuidora Rey, una empresa familiar de San Pedro.

La acusación sostuvo que integrantes de Camioneros bloquearon el acceso a la planta para reclamar que sus 35 trabajadores pasaran al convenio del sindicato y dejaran de estar afiliados al gremio de Comercio.